Roberto Urquía, de Aceitera General Dehez, fue senador del kirchnerismo por Córdoba y será indagado en la causa de los llamados “cuadernos de la corrupción”.

El juez federal Claudio Bonadio citó a declarar al exsenador cordobés e importante empresario aceitero Roberto Urquía en la causa que investiga el circuito que operó para el cobro de sobornos por parte de exfuncionarios kirchneristas a contratistas del Estado.

Según se supo hoy, esta citación se realizó en el tramo de la investigación de los llamados “cuadernos de la corrupción” sobre las concesiones ferroviarias de 2003 a 2009 con el fin de responder sobre las adjudicaciones de esos contratos, a cargo del multiprocesado y preso exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Bonadio avanzó con la decisión de indagar a Urquía, uno de los empresarios preferidos de Cristina Kirchner, después de generar nuevas pruebas en la causa, que dio por corroborada la existencia de un sistema de recaudación ilegal de retornos impulsado por funcionarios del ministerio de Planificación Federal de 2003 a 2015.

Los expedientes avanzan vinculados a la causa central donde la expresidenta quedó procesada como jefa de una asociación ilícita que se dedicaba a recibir fondos ilegales.

En este marco, Bonadio llamó a declarar a Urquía porque sospecha que fue partícipe de la maniobra y que pagó sobornos para obtener los correspondientes contratos del sector ferroviario cuando Jaime estaba frente al área.

Como uno de los principales referentes del negocio aceitero en su condición de accionista de Aceitera General Deheza, Urquía obtuvo junto a otros empresarios la concesión para explotar los servicios ferroviarios que comunican la provincia de Córdoba con otros puntos del país.

El exsenador era socio de Gabriel Romero (Grupo EMEPA) en esa concesión del ferrocarril de carga Nuevo Central Argentino, que explotaron hasta 2013. 

Romero, como arrepentido, admitió haber pagado 600 mil dólares para que Cristina Kirchner firmara el Decreto 113/2010, que prorrogó la concesión del cobro de peajes a los barcos en la hidrovía hasta 2021 sin llamado a licitación. 

La indagatoria se celebrará cuando se retome la actividad judicial después del 1° de febrero, instancia en la que según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, Romero ampliará su declaración.