El diputado de Juntos por el Cambio busca facultar al Ejecutivo para intervenir en las cuentas y estructuras de traficantes y allegados, en conjunto con el Poder Judicial.

El diputado nacional Diego Santilli (Juntos-Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que propone una mecánica para interrumpir el flujo de dinero que financia a las bandas de narcotraficantes y que permite su supervivencia, distribuyéndolo en familiares, testaferros y empresas fantasma, o en el lavado en autos y propiedades.

La PROCELAC -el ala de la Procuración que investiga lavado de activos- y la PROCUNAR, que investiga delitos de narcotráfico, tienen experiencia en la incautación de activos de imputados en causas por drogas en trabajos conjuntos con la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

Bienes de clanes narco como la familia Loza -cuyo capo, Erwin Loza, fue dueño de la Ferrari Spider que perteneció a Diego Maradona- fueron entregados al Estado, y la casa del fallecido abogado Carlos Salvatore, el principal imputado del caso “Carbón Blanco”, fue puesta en subasta.

El estacionamiento Pilar Bicentenario, un proyecto fallido entre el abogado Mateo Corvo Dolcet y el poderoso jefe narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, una estructura junto a la Panamericana en la zona de Pilar que quedó vacía por años, fue entregada al Municipio para crear un centro de testeo y diagnóstico de COVID-19.

El decomiso a Piedrahita, que declaró como imputado colaborador en una causa que involucra a la viuda y al hijo de Pablo Escobar, superó los 3 millones de dólares.

Santilli propone algo más directo: facultar al Poder Ejecutivo para congelar cuentas y bienes en paralelo a causas judiciales.

La iniciativa apunta a crear un “programa de sanciones financieras selectivas” que impliquen un “conjunto de medidas administrativas dictadas por la autoridad competente establecida en esta ley tendiente a neutralizar la capacidad económico-financiera ilícita de personas humanas, jurídicas o entidades designadas por su vínculo significativo con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes contempladas en la Ley 23.737″ con congelamientos administrativos y prohibiciones de asistencia, entre otras restricciones.

Con el proyecto no solo se apunta a las grandes bandas sino también a los cuadros intermedios en los barrios.

Podrá ser sometido a una medida de este tipo “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal de la Nación que le impute o admita la formalización de una investigación por alguno de los delitos establecidos en la Ley 23.737″. 

Para controlar esto Santilli propone un “comité de análisis y fusión de información”. La autoridad de aplicación deberá crearlo “con el objetivo de identificar y fundamentar las designaciones y las sanciones financieras selectivas”.

El comité “estará conformado por los representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia y Seguridad y los organismos autónomos de la Administración Pública Nacional competentes que tengan atribuciones en el control de activos ilícitos”, añade.

Por otra parte, “la participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación debe estar garantizada a través de la firma de un convenio de cooperación con el Poder Ejecutivo”, concluye la propuesta, que fue acompañada con la firma de los diputados nacionales Paula Oliveto, Rogelio Frigerio, Ricardo Lopez Murphy, Álvaro González, Silvia Lospennato, Waldo Wolff y Gerardo Milman, y por José Luis Espert, de Avanza Libertad.