El martes el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, abrirá las negociaciones con empresarios y gremialistas en el Consejo del Salario con el objetivo de llegar a un mínimo, vital y móvil que no desarticule los acuerdos alcanzados en paritarias y las necesidades internas de cada sector.
El Gobierno reabre este martes el Consejo del Salario con un objetivo central: que las negociaciones por el mínimo, vital y móvil no disparen una catarata de reclamos de los gremios para reabrir también las paritarias, ya cerradas para casi un 80% de los trabajadores en blanco.
El ministro Carlos Tomada deberá hacer equilibrio entre una CGT todavía enojada por la insuficiente actualización del piso de Ganancias, una CTA en ebullición por las primeras elecciones internas que disputará en su existencia y unas cámaras patronales a la defensiva por la confrontación oficial con el campo y el grupo Clarín. Los actores de la pulseada creen que el saldo será un aumento modesto del sueldo mínimo, del 20%, para llevarlo de los actuales 1.500 a 1.800 pesos en enero próximo.
La pulseada aún irresuelta es por las cuotas en las que se irá actualizando el mínimo salarial. Desde 2004, en seis oportunidades, la suba se hizo efectiva con dos o tres escalones, para evitar un impacto excesivo sobre las empresas.
El piso se aplica a unos 300 mil trabajadores no incluidos en ninguno de los convenios por rama de actividad. También suele traccionar hacia arriba lo que cobran los empleados en negro, siempre y cuando no se atraviesen períodos de elevado desempleo.
Esta vez, según los testimonios recogidos por Gaceta Mercantil entre algunos de los 13 hombres que se sentarán a la mesa en Leandro N. Alem 650, a UIA pretende que el mínimo llegue a 1.700 en enero y los gremios cegetistas van con un planteo que fluctúa entre los 1.900 y los 1.930 pesos. La CTA repetirá el reclamo de que se cubra plenamente la canasta familiar, que ya cotiza por encima de los 2.000 pesos.
La Cámara de Comercio es la más preocupada porque no se cumplan los sueños sindicales: con el convenio más flexible del mercado, teme que sus empleados reclamen mejoras adicionales si el piso para toda la economía se arrima a sus categorías más bajas. Ya advirtió que un mínimo de 1.900 generaría esa reacción y amenazaría otros convenios específicos ya firmados con gremios de actividades muy específicas.
Tomada no lo dirá en público pero quiere salir de la reunión del martes con un piso de 1.800 porque le permitiría exhibir un aumento del 20%, coincidente con el parámetro que quiso fijar para las paritarias. LA UIA no lo ve con malos ojos y evitaria los reclamos de reapertura de paritarias. Implica reconocer que la inflación es el doble de lo que admite el INDEC, pero menos de lo que miden las consultoras privadas, en el rango del 25 por ciento.