La Cámara Federal concederá a la Fiscalía el recurso para llevar a Casación el pedido para que se revea el sobreseimiento de Luis D’Elía en la causa por la toma de la comisaría de La Boca, en junio de 2004.

La Cámara Federal concederá el recurso de apelación presentado esta mañana por el fiscal Germán Moldes para llegar a la Cámara Nacional de Casación en su intento por revocar el sobreseimiento dictado al líder piquetero oficialista Luis D’Elia en la causa por la toma de la comisaría 24 de La Boca.

Fuentes judiciales anticiparon ya a Gaceta Mercantil, que si bien la sala I del tribunal de apelaciones acaba de recibir el escrito de Moldes, se descuenta que le será concedido ya que se trata de una “sentencia definitiva”, analizable por el máximo tribunal del país.

La sala I de la Cámara Federal sobreseyó a D’Elia por prescripción del delito y hay grandes chances de que Casación revoque esta medida por considerar que los delitos siguen vigentes, admitieron las mismas fuentes.

El caso será analizado por la Sala III integrada por Angela Ledesma, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, la misma que años atrás apartó del caso al ahora ex juez federal Jorge Urso, algo que derivó en que el caso quedase en manos de Sergio Torres.

Esta sala es la misma que acaba de emitir un fallo dividido en la causa por el espionaje ilegal telefónico en el cual Catucci puso en duda la existencia de una asociación ilícita, delito por el que está procesado el jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri.

El líder de la Federación Tierra y Vivienda tomó el 26 de junio de 2004 la Comisaría 24 de La Boca a raíz del asesinado del dirigentes social Martín “El Oso” Cisneros, cuya autoría atribuyó la policía.

El día de la toma se robaron objetos del lugar, se impidió la slida a una embarazada que había ido a relizar un trámite y se destrozaron las instalaciones.

La sala I de la Cámara Federal cerró la causa por prescripción del delito y sobreseyó al piquetero oficialista y los demás implicados.

En su presentación de hoy, el fiscal generl Moldes calificó al hecho como una “bárbara y salvaje agresión” y advirió que no se trató de una protesta social legítima.

“El poder público no puede dejar de sancionar a los funcionarios que se apropian del aura de legitimidad que protege a la expresión ‘protesta social’ para satisfacer intereses particulares ni a los que, funcionales a su accionar delictivo, desobedecen las ordenes judiciales de restablecer el orden quebrado por el ilícito”, arremetió Moldes.

Si su iniciativa prospera, es decir, si la Cámara Federal lo habilita, llegará al máximo tribunal penal del país donde los pensamientos son mucho más conservadores a la hora de otorgar beneficios como el dado a D Elia.

Moldes recordó que “aquí había una dependencia policial, invadida y destrozada por un grupo de personas conducidas por un funcionario público que, además, reivindicó públicamente el hecho, declaró jactanciosamente su satisfacción por haberlo perpetrado y proclamó su disposición a reiterar su comisión en el futuro”, en una presentación de 35 carillas a la que accedió Gaceta Mercantil.

Y para que quede claro, advirtió que no quiere criminalizar la protesta pero “hasta aquellos autores mejor predispuestos a la tolerancia a ultranza de las consecuencias de la protesta social en las sociedades contemporáneas, se ven obligados a reconocer los inevitables límites del fenómeno”.

Lo que pasó en la comisaría de La Boca “no tiene nada que ver con la protesta social”, se enojó el fiscal. “Aquí no hay trabajadores que reclaman salarios impagos, huelguistas que reivindican mejores condiciones laborales, cesantes que exigen reincorporación, contribuyentes que demandan por la deficiencia de un servicio público o vecinos que reprueban una instalación contaminante”.

“Aquí hay una bárbara y salvaje agresión por parte de quienes –tal vez- estaban en las mejores condiciones de aportar factores de convicción a las autoridades legítimas que debían investigar el homicidio de Cisneros”, agregó Moldes.