La Cámara Federal le ordenó a la jueza federal que continúe la pesquisa sobre un empresario acusado de participar del tráfico de efedrina. También es citado reiteradamente como “nexo” en aportes para la campaña de Cristina Kirchner, en 2007.

El nombre de Ibar Esteban Pérez Corradi provoca escozor en lo más alto de las esferas del poder. Es un empresario del rubro farmacéutico que está detenido en espera de que se defina su extradición a los Estados Unidos, y que aparece mencionado en muchas causas judiciales que rozan la forma en que se financió la campaña electoral K en el 2007.

Hoy su nombre volvió a las crónicas judiciales en un fallo casi de rutina de la Cámara Federal que ordenó a la jueza federal María Servini de Cubría que lo siga investigando por una denuncia en su contra por supuesta falsificación de documentos para traficar efedrina y remedios adulterados a México.

La “Chuchi”, como la llaman en Tribunales, intentó declararse incompetente y enviar todo al juzgado federal de Zárate-Campana, donde tramita la “megacausa” por el tráfico de esa sustancia y por el llamado triple crimen de General Rodríguez. Pero la jugada le salió mal y ahora sus superiores le ordenaron emprenderla contra Pérez Corradi, algo que parece que ningún magistrado del fuero penal porteño tiene demasiadas ganas de hacer.

Pérez Corradi aparece mencionado como supuesto “nexo” a la hora de canalizar presuntos aportes dinerarios sin origen claro hacia la última campaña electoral K, una causa que también tramita Servini de Cubría.

Según un informe que circula entre fiscales de Comodoro Py 2002, Pérez Corradi habría cobrado en efectivo cheques emitidos desde la Obra Social Bancaria, dirigida entonces por el detenido Juan José Zanola, que pasaban antes por la droguería San Javier, cuyo titular Néstor Lorenzo también está preso en la causa de la mafia de los medicamentos.

Pérez Corradi también está mencionado, aunque aún no fue imputado, como presunto ideólogo del llamado triple crimen de General Rodríguez, en el que fueron asesinados Sebastían Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Esta fue la masacre que destapó el negocio del tráfico de efedrina en el país y marcó el puntapié inicial de la megacausa judicial.

Como no podía ser de otra manera, su nombre aparece además como uno de los presuntos protagonistas en el entramado de la ruta del dinero en la megacausa por fraude con medicamentos a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Y como frutilla del postre, el abogado de Perez Corradi es nada más -ni nada menos- que el ex comisario de la Policía Bonaerense y ex detenido por el atentado a la AMIA Juan José Ribelli. Recibido como letrado en la cárcel, Ribelli deberá diseñar próximamente una estrategia judicial que beneficie a su persona: está a punto de ser derivado a la Justicia bonaerense para que allí determinen si se lo debe juzgar por secuestros extorsivos y otros delitos graves cometidos en vísperas del ataque terrorista a la mutual judía.

Mientras tanto, su cliente espera entre rejas la última palabra de la Corte sobre su extradición a Estados Unidos por haber introducido en el país 80 pastillas de oxicodona, un analgésico derivado del opio, a través de una encomienda privada.