La presidente visitó Santiago por los festejos del Bicentenario. Se reunió con su colega Sebastián Piñera pero minimizó el entredicho por la extradición del ex guerrilero chileno.
Cristina Kirchner viajó hoy a Santiago de Chile, donde participó de los festejos por el Bicentenario, se reunió con el presidente Sebastián Piñera, quien le pidió que extradite al ex guerrillero Galvarino Apablaza, acusado de ordenar el asesinato de un senador trasandino.
Piñera recibió a la presidente argentina en el Palacio La Moneda y el tema de la extradición provocó cierta tensión entre los dos gobiernos en las últimas horas por la presunta inclinación de Buenos Aires a concederle el estatus de refugiado.
Sin embargo, Cristina lo negó y en un intento por evitar la presión reclamó respeto al “orden jurídico de cada país”.
Poco antes de que la jefa de Estado argentina pisara suelo chileno, Piñera declaró que desearía que su colega firmara la orden de extradición que ordenó la Corte Suprema de su país.
Galvarino Sergio Apablaza Guerra es un ex líder del Frente Patriótico “Manuel Rodríguez” (FPMR) sindicado como autor intelectual del crimen del fundador de la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), el senador Jaime Guzmán Errázuriz, en 1991. La UDI es el partido al que pertenece el presidente chileno.
El ministro de Justicia de Chile, Felipe Bulnes, dijo que espera que el Comité Nacional de Refugiados Políticos (Conare) argentino razone en la misma línea que la Corte Suprema de Justicia y rechace la solicitud de asilo presentada por el Apablaza hace ya seis años.
El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, ya había anticipado que sobre ese caso “falta expedirse la Conare, que es la que se ocupa de los casos. Debemos esperar que eso suceda”, dijo, pero “no es la Presidente la que opina sobre eso”, agregó. En rigor, la primera mandataria tiene la última palabra al respecto, luego de que la comisión emita una recomendación, que no es vinculante.
La Corte Suprema de la Nación concedió la extradición de Apablaza Guerra, y el máximo tribunal se abocó al tema porque la Conare, un organismo interministerial, nunca se expidió sobre el pedido presentado en 2004 por la defensa del imputado.
De la Conare participan los ministerios de Interior; Relaciones Exteriores; Justicia y Derechos Humanos; Desarrollo Social; y del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), todos dependientes de la titular del Ejecutivo.
En tono diplomático, Bulnes explicó que el gobierno de Piñera “tiene expectativas” de que la Conare resuelva que el ex dirigente del FPMR enfrente los tribunales chilenos por el atentado ocurrido en abril de 1991.
El ministro dijo: “Hay un primer gran paso que es que la Corte Suprema (argentina) ha decidido pronunciarse concediendo la extradición y revirtiendo lo que había sido la resolución de primera instancia, y ahora lo que queda es una instancia administrativo-política, que esperamos que se pronuncie en el corto plazo y en la línea del máximo tribunal”.
Bulnes precisó que como ya la Corte de su país consideró que los crímenes por los que se está procesando a Galvarino Apablaza “son graves y no tienen ninguna connotación política” -que era la duda que en su momento se planteó-, “esperamos que el comité de refugiados razone de la misma manera”.
Sin embargo, organizaciones sociales de Argentina le reclamaron a Cristina Kirchner que le otorgue el estatus de refugiado a Apablaza. En esa línea se pronunció Hebe de Bonafini, la presidente de la asociación Madres de Plaza de Mayo, quien consideró que el ex líder guerrillero es “un luchador por la libertad”.