La Cámara Federal porteña dispuso hoy que el viaje de funcionarios porteños, jueces y empresarios del Grupo Clarín a Lago Escondido, a la estancia del magnate británico Joe Lewis, pase a la justicia federal en Comodoro Py.
Fue a través de un fallo unipersonal del camarista Eduardo Farah al hacer lugar a un pedido de la defensa de uno de los imputados, el juez Pablo Yadarola, que había apelado la decisión del juzgado federal 2 a cargo de Sebastián Ramos, que no habíLa denuncia se había realizado tanto en sede de la Ciudad de Buenos Aires, como en Bariloche, contra diferentes funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían.
La denuncia se había realizado tanto en sede de la Ciudad de Buenos Aires, como en Bariloche, contra diferentes funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían.
Se denunció que aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen.
Los investigados son los jueces Yadarola, Julián Ercolini, Carlos Mahiques (de la Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials, del Contencioso Administrativo Federal.
También se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño de licencia indefinida, Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia durante la gestión Cambiemos Leonardo Bergroth, y el presidente de Mediabit SA, el publicista Tomás Reinke.
La decisión de la Cámara Federal : “Se sabe -sin debate o duda al respecto- que (i) todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; (ii) todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; (iii) si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos (etc.), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”, advirtió Farah.
“Frente a un contexto como el descripto (que es el relatado tanto por los ciudadanos que denunciaron ante el juzgado 2 de este fuero y el juzgado federal de Bariloche a raíz de publicaciones periodísticas, como por el Ministro de Justicia y las fiscalías de primera y segunda instancia que intervinieron en ambas sedes), es notorio que las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires”.
Para el camarista, “a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios. Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma”.
Hizo lugar al planteo de inhibitoria formulado para lo cual el juzgado instructor (a cargo de Ramos) deberá solicitar la causa al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche.
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