El primer mes del presidente Javier Milei en su cargo puede resumirse como un lapso en el que se impuso en Argentina un muy duro ajuste -anunciado y hasta vitoreado por el público presente- en su discurso de asunción frente a la Plaza del Congreso y de espaldas a diputados y senadores, un gesto que se tradujo en ataques y acusaciones de coimeros a los legisladores que ahora deben aprobarle –según su visión sin “negociar” nada– un voluminoso proyecto de ley que promueve una reforma estructural del Estado que incluye derogaciones y modificaciones de normas económicas, políticas, laborales, tributarias y penales, además de otras medidas impulsó por medio de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que fue rechazado antes de Navidad con cacerolazos en varias ciudades del país y que la Justicia ha suspendido en materia laboral, a la espera del análisis del Poder Legislativo y los amparos presentados por otros sectores que se mostraron perjudicados por los cambios “desreguladores” que quiere efectuar el Poder Ejecutivo.
“Comienza una nueva era en la Argentina”, había expresó Milei el pasado 10 de diciembre al pronunciar su primer discurso como Presidente. En su alocución el flamante jefe de Estado daba por terminada “una larga y triste historia de decadencia y declive” en el país, aunque para lograrlo, subrayó, no había “alternativa posible” que aplicar medidas de “ajuste” y “shock” que iban a impactar “de modo negativo sobre el nivel de actividad económica, el empleo, los salarios reales y la cantidad de pobres e indigentes”, que según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) componen el 44,7% y el 9,6% de la población del país. “Nos han dejado plantada una hiperinflación. Vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla”, explicó.
Si bien en el corto plazo la situación económica y social iba a “empeorar”, Milei aseguró que los “frutos del esfuerzo” de la sociedad iban a verse reflejados sobre las bases de un “crecimiento sólido y sostenible en el tiempo”.
Días después, el ministro de Economía, Luis Caputo, aplicó una devaluación del 55% de la moneda nacional frente a la cotización oficial del dólar estadounidense, que trepó desde $350 hasta los $800.
La medida redujo del 170 al 30% la brecha cambiaria con otras cotizaciones del dólar, pero derivó en un fuerte aumento de precios, principalmente de los productos de primera necesidad de la población. “Si en diciembre tuvimos 30% de inflación, es un numerazo”, sostuvo Milei a la espera de que el Indec informe cuánto fue la suba de precios en el último mes del año pasado.
El 20 de diciembre pasado, el primer mandatario informó los alcances del DNU 70/2023 por medio del cual, sin discusión parlamentaria, derogó una serie de leyes, puso fin a distintas regulaciones en materia económica y financiera, habilitó la privatización de empresas públicas y dispuso, entre más de 360 medidas, una reforma laboral y en el sistema de salud.
Ese DNU, fue observado por distintos fallos judiciales que aceptaron diversos planteos hechos por distintos sectores, entre ellos la CGT, que se manifestó frente a los Tribunales y anunció una huelga para el próximo 24 de enero.
Una semanas después de firmar el DNU 70/2023, el jefe de Estado envió a la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, coloquialmente conocido como “ley ómnibus”, una iniciativa que le plantea al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogar por otros dos años esas atribuciones.
El texto incluye más de 600 artículos, contiene algunas medidas ya contempladas en el DNU, pero también incorpora, por ejemplo, modificaciones en materia electoral, entre ellas la derogación de las PASO y cambios en la composición de la Cámara de Diputados; y penales, como la aplicación de penas de prisión para quien impidiera, por medio de protestas y cortes de caminos y rutas, el transporte y otros servicios públicos.
Tanto el DNU como la llamada “Ley ómnibus” -entre ambos contemplan casi un millar de artículos- se encuentran bajo estudio del Congreso Nacional.
Milei le exigió a los legisladores celeridad para el tratamiento de ambas iniciativas, que son clave, dijo, para el avance de las reformas que propone. “No negociamos nada, aunque sí aceptamos sugerencias”, advirtió el jefe de Estado a los legisladores, tanto de la oposición como de los bloques aliados, entre ellos algunos sectores de Juntos por el Cambio (JxC) que están representados en el gabinete nacional por ministros como Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y el propio Caputo en Economía, producto del acuerdo político que Milei selló antes del balotaje con el expresidente Macri.
Junto a las reformas incluidas en el DNU y la “Ley ómnibus”, Milei dispuso la no renovación de unos 7.000 contratos de trabajadores estatales firmados durante 2023 y también acompañó la puesta en vigencia del “protocolo para el mantenimiento del orden público” promovido por la ministra Bullrich, cuyo objetivo es que las fuerzas de seguridad impidan que manifestantes ocupen la vía pública durante movilizaciones de protestas, una medida que en lo que va del mes se aplicó en dos ocasiones pese a las críticas de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil locales.
En materia de política exterior, el Gobierno nacional desestimó la invitación hecha para que el país se incorporara al bloque de países emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics), en tanto que dispuso alinear los intereses internacionales argentinos a los de Estados Unidos, Israel, Ucrania y Taiwán, entre otras naciones.